SE AGANDALLARON 70 MILLONES DE PESOS

Un megafraude se ha venido gestando desde hace tres años en el municipio de Angamacutiro, en agravio de los ejidatarios de 11 núcleos agrarios a los que en el año de 1969 les fue expropiada su tierra para la construcción de la Presa “El Refugio”.

Son más de 70 millones de pesos los que “andan bailando” o que fueron “agandallados” por el líder campesino Primitivo Avalos Pérez, y los presidentes de los comisariados ejidales de los ejidos de La Palma, El Paraíso, El Pitayo, Curitzipo, Aranjuez, San Isidro, Santa María, Villa Unión, San Diego Buenavista, Miravalle y el Refugio, aseguraron productores agrícolas de diversos ejidos.

Los ejidatarios de estos núcleos agrarios fueron afectados en diferentes proporciones por la construcción de la Presa El Refugio en el año de 1969, por lo que el gobierno federal a través de un decreto del Presidente de la República, determinó realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a partir del año 2005.

A la fecha, el gobierno federal ha entregado la cantidad de 101 millones 259 mil 428 pesos con 49 centavos a los representantes de las comunidades agrarias, mismos que debían ser entregados a los ejidatarios o sus sucesores conforme a los padrones elaborados por parte de la Comisión Nacional del Agua.

Dicha dependencia elaboró una serie de documentos en los que se establecían los nombres de los ejidatarios afectados, y cantidad de hectáreas que les fueron expropiadas, así como el uso del terreno. De esta manera, la Federación determinó que por cada hectárea de riego se pagara la cantidad de 93 mil 350 pesos, para los cultivos de temporal, la indemnización sería de 33 mil 396 pesos por hectárea, mientras que en los terrenos de agostadero o uso común, el monto ascendía a los 8 mil 451 pesos.

Existen en dichos padrones, ejidatarios que fueron afectados hasta en seis hectáreas de riego, por lo que legítimamente les correspondían cerca de 600 mil pesos por concepto de indemnización, según documentos que obran en poder de La Voz de Michoacán.

Los afectados Roberto Godínez Bravo, Jorge Ávila Ruiz, José Guadalupe Chávez Martínez, Leonila Sanmartín Vargas, Carolina Madrigal Vargas, Virginia Valentín Méndez, Consuelo Vargas Rincón, Salvador Hernández Alfaro y Francisco Ibarra Castañeda, denunciaron lo anterior ante diversos medios de comunicación de circulación estatal.

“Por principio de cuentas, entre Primitivo Avalos y los comisariados ejidales se adjudicaron casi el 50 por ciento de los recursos que envió el Gobierno Federal a los ejidatarios que se vieron afectados por la expropiación de los terrenos para la Presa”, dijo Jorge Ávila Ruiz.

Los afectados denunciaron a Primitivo Avalos Pérez, de haberse “agandallado” entre el 20 y 25 por ciento del total de 101 millones 259 mil 428 pesos que ha entregado la federación hasta este momento.

“Los comisariados ejidales se han quedado con porcentajes que van del 15 al 25 por ciento, bajo el argumento de haber sido ellos quienes organizaron los plantones en las ciudades de Morelia y el Distrito Federal, durante el tiempo que duró la lucha en busca de que el gobierno nos indemnizara”, señaló por su parte Roberto Rodríguez Bravo.

Por si fuera poco, dichos comisariados ejidales fueron impuestos a través de amenazas y engaños sin ser siquiera sujetos de derechos agrarios en los ejidos que representan, bajo la complacencia de las autoridades de la Procuraduría Agraria.

“De los 101 millones de pesos, se han entregado acaso unos 33 a los ejidatarios, sin embargo la cantidad que se les ha dado no corresponde a lo que se establece en el decreto oficial emitido por el presidente de la República”, coincidieron en señalar los otros ejidatarios afectados.

“Nos han dado lo que les ha dado la gana. Se reúnen los líderes y nos mandan a llamar a cubículos donde se encierran hasta 10 personas amedrentándonos para firmar los documentos. Luego nos dicen que por qué no acudimos a las marchas para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, nos corresponden nada mas 20 o 40 mil pesos”, agregó Consuelo Vargas Rincón.

Acerca de estos hechos ya ha sido formulada una denuncia penal ante el agente del ministerio público de Puruándiro, de la que se desprendió la averiguación previa penal 131/08-II por los delitos de fraude, abuso de confianza y los que resulten en contra de Juan Ramón Chávez Jaimes, Comisariado Ejidal de Villa Unión de Angamacutiro.

Existen otras denuncias penales presentadas por los quejosos de los otros ejidos, sin embargo ninguna de ellas ha prosperado, lo que hace sospechar a los agricultores de un contubernio entre las autoridades de la PGJE y los señalados como responsables de los ilícitos.

En contra parte, la PGJE respondió con una orden de aprehensión en contra de Jorge Ávila Ruiz, a quien se le acusó de haberse introducido ilegalmente a la casa ejidal, por lo que fue aprehendido por agentes ministeriales y puesto en libertad seis horas después, luego de que se reunieron testimoniales del sindico municipal de Angamacutiro y de 300 ejidatarios que señalaron que el hecho que se le imputaba al acusado nunca ocurrió.

“Resulta increíble que a un fraude de este tamaño se le haya dado carpetazo y que en menos de 15 días a mi me hayan acusado, me juzgaron, me detuvieron y me encarcelaron. Todavía después vino el juez para levantar un acta en la que supuestamente estaba recuperando la casa ejidal para entregarla al Presidente del Comisariado, siendo que ellos mismos tenían las llaves en su poder”, apuntó Ávila Ruiz.

Los quejosos han enviado varios documentos al Gobernador del Estado Leonel Godoy Rangel, para solicitarle su intervención y hacer valer el derecho que les corresponde legítimamente, por lo que esperan que en los próximos días personal de la Secretaria de Gobernación se presente en este municipio para dar solución a dicha problemática.