miércoles, 7 de enero de 2009

VICTIMAS DE ACCIDENTES… Y DE LA CORRUPCION



EDUARDO RUIZ MUÑOZ
La Piedad, Mich., a 04 de Enero.- Perder a un ser querido en un accidente de cualquier tipo es sumamente doloroso para los familiares, pero a ese pesar se le añade el que proporcionan a los dolientes los agentes del ministerio público, empresas funerarias y administradores de panteones. Todos quieren sacar provecho de la tragedia, piden dinero de todo y para todo.
Si la victima del accidente sobrevive, también sus familiares son sometidos a un verdadero viacrucis al tener que lidiar con médicos – en los casos de particulares, aunque no son todos- que abusan de la situación y cobran onerosas facturas por sus servicios, sin garantizar la recuperación y salud del paciente.
“Lamentablemente, son situaciones muy difíciles por las que la gente suele atravesar en momentos sumamente complicados. Hemos sabido de casos, cuando ya las personas han sido víctimas de la corrupción, pero además ya no quieren más problemas con las autoridades”, señala Pedro Córdoba Aguirre, director del DIF municipal de La Piedad.
El funcionario municipal refirió que ante esta dependencia han acudido personas a solicitar el apoyo económico para los gastos funerarios quienes refieren haber sido obligados por agentes del ministerio público a contratar determinada agencia funeraria o a entregar dinero para poder agilizar trámites relacionados con la muerte de un familiar.
TESTIMONIOS
JORGE Y EFRAIN
Jorge y Efraín León sobrevivieron a un fatídico accidente en el que dos de sus amigos perdieron la vida cuando el vehículo en que viajaban se volcó sobre la carretera que conduce de Huascato Jalisco a La Piedad Michoacán.
Los dos estuvieron a unos cuantos minutos de perder la vida, aún cuando se encontraban ya internados en el Hospital San Ángel. Efraín presentaba un hemotórax que no había sido detectado. Los médicos señalaron que la póliza del seguro no amparaba determinados estudios. Sus padres decidieron trasladarlo a Zamora donde fue intervenido quirúrgicamente y puesto a salvo.
Antes, hubo que desembolsar varios miles de pesos para que las autoridades de la Policía Federal Preventiva y de la agencia del Ministerio Público de La Piedad “resolvieran” los trámites legales que implicó el accidente.
“Lamentablemente no existe una Ley u ordenanza que regule la cantidad que deben cobrar los médicos particulares por sus servicios. En muchos de los casos las cuentas de los hospitales particulares son carísimas. Hay médicos que cobran hasta 30 mil pesos por una inyección de anestesia”, refirió el diputado Eduardo Villaseñor Meza.
EL CASO DE EMILIO
El reportero que esto escribe había conocido con anterioridad de testimonios de éste tipo, pero la crudeza de los mismos solo se entiende cuando uno mismo se enfrenta a estos personajes.
Recientemente me tocó enfrentarme a ese mundo en el que “lamentablemente todo se resuelve con una propina”, como dijo uno de los agentes de la funeraria.
Emilio falleció accidentalmente cuando intentaba limpiar un arma de fuego. Minutos después de que se notificó de los hechos a la policía ministerial, el domicilio donde ocurrió la tragedia comenzó a ser rondado por dos sujetos que colaboran en la agencia funeraria Inhumaciones Puga.
La agente tercera del MP, arribó al lugar y realizó su trabajo. Pidió la presencia de dos personas para declarar acerca de lo ocurrido, mientras un sujeto que se identificó como representante de la funeraria se encargaba de dar instrucciones acerca de cómo se llevaría a cabo la necropsia.
“Nuestro trabajo es de una seriedad absoluta y colaboramos con la PGJ para trasladar los cuerpos a Zamora. En este momento, no hay médico forense en La Piedad por eso es necesario llevarlo hasta allá. Posteriormente lo traeremos de regreso y depositaremos el cuerpo en el hospital civil, para que se le dé cristiana sepultura”, dijo.
Ya en las oficinas de la Procuraduría, un hombre que pertenece a la misma funeraria estuvo apoyando a la titular de la agencia del MP sin despegarse un solo segundo de los dolientes. Al terminar de rendir la declaración, la agente dijo a los familiares: “Ahora sí, arréglense con la funeraria”.
– ¿Arreglarnos de qué?
- Pues sí, elijan el paquete que van a contratar, aquí está la persona indicada para ello.
- Discúlpeme, licenciada, pero yo no quiero contratar a esa funeraria. No me gusta el servicio que prestan.
- Entonces, si es así, ustedes tienen que viajar a Zamora para que les entreguen el cuerpo.
- ¿No dijeron que ellos se encargaban de todo, que por eso existe un convenio con la PGJ?
- Pues sí. Pero sólo realizan el traslado si los contratan a ellos.
- Entonces deme un documento para poder reclamar el cuerpo.
- No es necesario, sólo identifíquese con el encargado de la Semefo. ¡Ah, y le van a pedir una propina!.
Al realizar los trámites para el funeral, otra petición de propina. “Usted sabe que el panteón municipal ya se encuentra prácticamente saturado y pues sólo hay lugares en la parte de hasta abajo, allá donde están los difuntos en calidad de desconocidos. Si quiere que se le asigne un espacio en otro lugar, tendrá que darle una propina al administrador del panteón”, dijo el encargado de la agencia funeraria que se encargó de prestar el servicio de inhumación.
TRASLADOS DEMASIADO CAROS
María Antonia Gonzales tenía que trasladar a su hermano a la ciudad de Guadalajara por que su estado de salud era sumamente delicado. No cuenta con seguro social, por lo que recurrió al hospital civil. Allí le dijeron que contratará los servicios de una ambulancia.
El traslado de La Piedad a Guadalajara le fue cotizado por Protección Civil en 3 mil pesos, por lo que pidió el apoyo del DIF donde se le gestionó que otra corporación realizara el servicio por 500 pesos; la dependencia municipal entregó al chofer de la ambulancia un vale para gasolina.
“Es una situación que tendremos que revisar porque se supone que Protección Civil es una dependencia que recibe apoyos del estado y el municipio”, señaló al respecto el regidor Román Solorio Solorio.
Se sabe, que el gobierno municipal cubre los gastos de gasolina, teléfono, energía eléctrica y agua potable que realiza Protección Civil, además de que entrega apoyos económicos para que existan cuatro personas prestando servicio. El Gobierno del Estado paga las plazas de dos personas más y las ambulancias son parte del patrimonio del estado, además del equipo de radiocomunicaciones, computo y de rescate.
Propinas Montos aprox.
· Por un mejor lugar en el panteón $ 1,000
· Por entregar un cuerpo en el Semefo $ 1,000
· Por agilizar trámites en accidente vial en MP $ 5,000
· Por “arreglar” peritajes ante la PFP hasta $ 10,000
· Propinas a peritos y ministeriales hasta $ 3,000
· Por trasladar un cuerpo de un estado a otro,
· los MP´s y la jurisdicción sanitaria cobran hasta $ 5,000

"GALLOS”, A MOVERSE

PRECANDIDATOS BUSCAN AMARRES
EDUARDO RUIZ MUÑOZ
La Piedad, Mich., a 04 de Enero.- Una vez que los partidos políticos han definido las fechas para el registro de los precandidatos que busquen una diputación federal en los comicios venideros, el tiempo para la realización de “amarres” se agota para aquellos que quieren ser los elegidos.
Al interior del PAN, donde la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional ha decidido que elegirá a sus candidatos a través del “dedazo”, por lo que se ha recurrido a la realización de encuestas y consultas ciudadanas como herramienta para la toma de decisiones. Para el distrito de Zamora, al que pertenece La Piedad, las investigaciones realizadas por el blanquiazul han arrojado cuatro nombres de personajes que cuentan con arraigo en sus regiones.
Se trata de el ex alcalde de La Piedad, Arturo Torres Santos, de la actual síndico de esta ciudad Bertha Ligia López Aceves, de María Eugenia Méndez, regidora de Zamora, y para sorpresa de muchos, de Jesús Infante Ayala, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Ecuándureo en las pasadas elecciones locales, llevando a Acción Nacional a ser segunda fuerza política en dicha demarcación.
Sin embargo, han solicitado también la oportunidad de ser tomados en cuenta Guillermo Zarate Magdaleno, Gustavo Garibay, ex candidato a diputado local, así como Luis Manuel Campos, ex candidato a la presidencia de Yurécuaro y hasta el propio alcalde de Zamora, Alfonso Martínez.
A últimas fechas, algunos de estos aspirantes se han ido auto descartando al ver las pocas posibilidades que tienen de figurar, por lo que en este momento sólo existen tres personajes entre los que la dirigencia del blanquiazul designará a su gallo. Son precisamente Arturo Torres, Kena Méndez y Jesús Infante.
En el interior del PRI, las fuerzas políticas de La Piedad no han aceptado las condiciones impuestas por Mauricio Montoya Manzo, a través de quien Jesús Reyna, pretende imponer como candidato a Jaime Mares Camarena.
A decir del líder político con mayor arraigo dentro del priismo local, Ramón Maya Morales, “es necesario que para esta contienda se cuente con caras nuevas, que se le dé oportunidad a otro tipo de personas con una trayectoria de servicio y profesionalismo”. El ex alcalde ha destapado a Nicolás Hermosillo García como precandidato a la diputación, en tanto que el grupo de Eduardo Villaseñor Meza, está apostando a que sea el empresario José Berber quien obtenga el apoyo de los piedadenses.
Dentro de las filas del PRD, se había manejado únicamente el nombre de José Barajas Murillo, sin embargo, dados los ajustes que se realizaron dentro del gabinete estatal, comenzó a sonar muy fuerte el nombre de Jesús Covarrubias, hasta hace unos días director del Colegio de Bachilleres y originario del municipio de Tanhuato. También se ha comenzado a mencionar el nombre de Alfonso Rico Curiel, quien contaría con el respaldo de Barajas Murillo para buscar la curul.

VIOLAN LA CONSTITUCION PODERES DEL ESTADO



APLICAN COBRO INCONSTITUCIONAL DEL DAP A CIUDADANOS
EDUARDO RUIZ MUÑOZ
La Piedad, Mich., a 06 de Enero.- A partir del primero de enero entraron en vigor las Leyes de Ingresos de los 113 Municipios de la entidad para el ejercicio 2009 en las que se contempla la aplicación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a los usuarios del servicio de energía eléctrica, mismo que ha sido declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, con conocimiento de causa, dos de los tres poderes del Estado y los 113 municipios de la entidad violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar y hacer efectivo el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior fue puesto en manifiesto a través de las ponencias de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Valls Hernández, José Fernando Franco González Salas, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, José De Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz, durante la sesión de Pleno del pasado 13 de Octubre.
En dicha ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los cobros que llevan a cabo municipios por concepto de alumbrado público, pues puntualizó que el establecimiento de tarifas por este servicio corresponde al gobierno federal.
Los ministros determinaron que el cálculo que llevan a cabo los municipios con base en la ley de Ingresos del Estado y sobre el consumo de energía eléctrica invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, pues sólo corresponde a la federación fijar tarifas en la materia.
De tal manera que se estaría incurriendo en un desacato a un mandato judicial si en el recibo de cobro del servicio de energía eléctrica del primer bimestre del 2009 la Comisión Federal de Electricidad aplica una tarifa sobre el Derecho de Alumbrado Público a los ciudadanos.

En el municipio de La Piedad existen personas de carácter físico y moral que se encuentran amparadas por la SCJN ante el cobro del DAP, sin embargo se trata de aquellos que tienen la capacidad económica para contratar los servicios de un abogado y promover un juicio de amparo.

Las empresas privadas Productos Cabadas, Tienda Ley, Bafar y Bodega Aurrerá, consideradas como las de mayor envergadura de este municipio, desde el año de 2007 no pagan el DAP al municipio, al haber recurrido a la promoción de juicios de amparo en contra del mencionado impuesto, o derecho, como le ha sido denominado por parte del Congreso del Estado de Michoacán.

Se sabe que en la entidad, 60 empresas particulares promovieron juicios de amparo en contra de la aplicación del cobro del DAP con resultados favorables.
Es preciso recordar que el año 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucionales las leyes de ingresos de los municipios de Uruapan, Chavinda y La Piedad por que se estaba cobrando el derecho de alumbrado público a los ciudadanos.
En aquella ocasión, la Comisión Federal de Electricidad dejó de cobrar a los ciudadanos de La Piedad el DAP, pero solo por el periodo comprendido de septiembre a diciembre del 2006, dado que para el ejercicio 2007 el Congreso del Estado le aplicó varias modificaciones al concepto del Alumbrado Público para apegarlo a la legalidad.
Hoy, al igual que en aquel entonces, cualquier michoacano se encuentra en la posibilidad de solicitar ante la SCJN un amparo en contra de dicho cobro. Al conocer la autoridad que en Michoacán se está violando un mandato judicial, la SCJN estaría en facultades de aplicar sanciones en contra de los integrantes del Congreso del Estado de Michoacán, tesoreros municipales y directivos de la Comisión Federal de Electricidad.
Ya en una ocasión, el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, consideró, en la sesión plenaria celebrada el 30 de mayo del 2007, la destitución completa de la Legislatura del Estado de Michoacán.
A continuación se señala textualmente lo que el ministro señaló durante dicha sesión, de acuerdo con la versión estenográfica proporcionada por el sitio de Internet de la SCJN.
“Si nosotros establecemos acciones suficientemente concretas y éstas no son cumplidas por la Legislatura del Estado en un plazo de treinta días, entonces, la solución es irnos a la disposición del artículo 46 en relación con el 105, párrafo último y la fracción XVI del 107 y pues destituir a la Legislatura del Estado de Michoacán completa, porque no cumplió en treinta días con la elaboración de, o con el establecimiento de una Ley de Ingresos o el artículo correspondiente a la Ley de Ingresos, para efecto de prever la nueva forma del tributo”.